La última entrada de este blog enunciaba una teoría tan poco
edificante como arriesgada. Tras conocerse el caso de las tarjetas black, de
Caja Madrid y Bankia, muchos dirigentes aparecían implicados. Tantos como
ochenta y siete. Se trata de una amplia muestra de consejeros ligados a
partidos políticos, sindicatos, y a la patronal de los empresarios. Y también
de meros directivos, como los contratados por cualquier empresa privada. Como
decía allí, la proporción de honradez frente a latrocinio es terrorífica: sólo
cuatro de los implicados no utilizaron las tarjetas, frente a ochenta y tres
que sí. Y lo más grave es que estos últimos la utilizaron para cosas que nada
tenían que ver con los gastos de representación, para lo cual se entiende que
recibieron las tarjetas.
Quien haya leído alguno de mis dos libros –enlace aquí- podrá
entender qué lleva a estos personajes a comportarse así. Tanto en el ámbito
público, como en el privado. Y la noticia que inspira la entrada de este blog
pertenece a este último ámbito. Se ha conocido esta semana que la multinacional
Vodafone, que en julio adquiría a la empresa Ono, ha anulado el bonus que
tenían los tres principales directivos de esta última. El motivo es que se ha
demostrado que estos tres directivos conocían la manipulación de los ingresos
de Ono, que aumentaron su valor como empresa e hicieron que Vodafone tuviese
que pagar más para adquirirla. Casualmente, estos tres directivos tenían
derecho a percibir unos bonus desorbitados -68 millones de euros entre los
tres- en función del precio de venta de su compañía. Obviamente, les interesaba
a toda costa “generar valor” en su compañía, para que el precio de venta fuese
el mayor posible.
Este caso recuerda claramente a otro escándalo mayor todavía,
destapado hace unos meses. La compañía Gowex reconocía en julio que las cuentas
de sus últimos cuatro años eran falsas. El presidente reconocía que era incapaz
de pagar sus deudas, y presentaba su dimisión. Eso sí, unos meses antes había
vendido un importante paquete accionarial, embolsándose muchos millones de
euros. Además de, presumiblemente, la mayoría de las subvenciones que recibió
la compañía por parte de organismos públicos: Instituto de Crédito Oficial y
Banco Europeo de Inversiones, entre otros. El asunto está ahora en los
tribunales, pero parece que el fundador ha puesto a buen recaudo su dinero en
paraísos fiscales. Así que parece complicado
que tanto instituciones como inversores particulares recuperen su dinero.
Estamos, como en el caso de Ono, ante otro aparente caso de latrocinio, esta
vez en el sector puramente privado.
Como en este mundo se encuentran ejemplos de todo, ahora daré un
ejemplo mixto público-privado. Esta semana se ha producido un registro
simultáneo en varias ciudades de España relacionado con las actividades
empresariales de Oleguer Pujol, de quien hablaba en otras entradas. Al hilo de
esta noticia, se ha sabido que ocho bancos, sólo uno de los cuales es español,
prestaron recientemente nada menos que 1.600 millones de euros a una de sus
sociedades. Parece que hay más bancos que han prestado cantidades menores,
sumando en total la cantidad de 2.200 millones.
Que entidades extranjeras de reconocido prestigio hayan financiado
operaciones tan sospechosas como la que mencionaba en otra entrada –la compra
al Santander de más de mil sucursales bancarias- ha hecho sospechar a los
investigadores que Pujol disponía de dinero opaco para devolver rápidamente el
préstamo. Al parecer, el importe –más intereses- debe ser devuelto antes de que
finalice este año, a pesar de que hasta agosto se había devuelto únicamente el
8,5%. Es sorprendente que reputados bancos de toda Europa accedan a una
operación de este tipo, en la cual deben aparecer de la noche a la mañana más
de mil millones de euros para que ellos recuperen sus préstamos. Y el valor de
los inmuebles no parece garantía suficiente. Menos en estos tiempos, pero
tampoco hace unos años, cuando se suscribió el crédito.
Para terminar con este caso, me gustaría mencionar a la otra
parte, el Santander. Aunque no he leído nada en este sentido, en mi opinión
tampoco tendría que salir impune de este caso. Aparentemente, son “los listos”
de este caso, ya que obtienen una cantidad escandalosa de dinero, a cambio de
pagar un modesto alquiler -40 millones de euros anuales-. Además, si en un
momento dado decidiesen recomprar sus locales, el precio sería sensiblemente
inferior al que percibieron en su día por la venta. De modo que, como siempre,
la banca siempre gana. Sin embargo, el hecho de ser la parte vendedora en su
trato con Pujol no les exime de ser conscientes –y en cierto modo, cómplices-
de la irregularidad de la operación, más allá de que ellos cobren su dinero. De
hecho, se puede imaginar un círculo vicioso formado por favores políticos al
Santander, apoyo de otros bancos europeos al financiar una operación
interesante para el gigante español, y devolución de los favores políticos
recibidos permitiendo regularizar el dinero opaco. Como se ve, el gran banco
español no sería precisamente un sujeto pasivo en esta cadena de favores.
Público o privado, me atrevería a ampliar la apuesta de la
anterior entrada: ¿será 83 a 4 la proporción de dirigentes –públicos y
privados- que son honrados frente a los mezquinos, que no conocen escrúpulo
alguno si se encuentran con la posibilidad de amasar una fortuna? La avalancha
de maniobras fraudulentas que vamos conociendo apunta la respuesta en dirección
al sí. Parecemos estar sumidos en una espiral que quién sabe cómo acabará.
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